Hace unos días llamó nuestra atención una noticia que pasó casi desapercibida: el Decreto 1392 del 22 de diciembre de 2025, que modifica normas del sector agropecuario para la dotación, titulación y saneamiento de tierras de las comunidades indígenas en Colombia, incorporando procesos más claros y participativos para la constitución y ampliación de resguardos en el territorio nacional.
Puede sonar técnico y remoto, pero lo que hay detrás de esa norma es profundamente humano: reconocer formal y jurídicamente la tierra como un derecho y no solo como una posesión física.
En regiones rurales como la Orinoquía, donde grandes extensiones han sido históricamente informales, invisibilizadas o sujetas a disputas de uso, la posibilidad de que las comunidades tengan títulos claros no es un lujo técnico: es una base para proyectar futuro. La tierra titulada se convierte en algo tangible, medible, legítimo —en algo que puede transformar la vida de una familia campesina, de una asociación indígena o de un colectivo local.
La formalización de la tierra no se limita a poner nombres en un papel. Significa:
- Seguridad jurídica para quienes trabajan y cuidan la tierra día a día;
- Posibilidad de acceder a servicios financieros formales (como microcrédito y garantías) sin depender de intermediarios precarios;
- Oportunidades de planear proyectos productivos sostenibles que respeten el entorno ecológico y cultural;
- Fortalecimiento de la gobernanza territorial, permitiendo a las comunidades participar de manera efectiva en decisiones sobre uso del suelo y desarrollo.
Desde la Fundación Amanecer, trabajamos con comunidades rurales, microempresarios, asociaciones productivas y mujeres campesinas. Uno de los desafíos más recurrentes que encontramos no es solo la falta de capital o de mercados, sino la ausencia de reconocimiento formal de la tierra como activo y como base para el desarrollo sostenible.
Cuando una familia o una comunidad puede decir con certeza “esta tierra es nuestra”, cambia todo:
- Se pueden planear inversiones; estructurar un proyecto productivo con visión de largo plazo; acceder a créditos responsables; y pensar en actividades económicas que también cuiden los recursos naturales.
En la Orinoquía, un territorio con enorme potencial productivo y biodiversidad, este cambio normativo representa una oportunidad de oro para alinear derechos territoriales, proyectos productivos y sostenibilidad ambiental. La titulación formal puede ser el primer paso para que iniciativas locales transiten de la informalidad a la resiliencia económica.
Además, cuando la tierra se reconoce legalmente, se cimenta la confianza: confianza para invertir, para asociarse, para innovar. Y cuando hay confianza, también surge la posibilidad de cohesión social y gobernanza comunitaria —elementos esenciales para cualquier desarrollo que no dependa únicamente de subsidios o ayuda externa, sino que nazca del propio territorio.
Este decreto no es solo un ajuste reglamentario. Es, potencialmente, un puente entre reconocimiento histórico, justicia territorial y desarrollo sostenible.
Y cuando la tierra adquiere nombre, también adquiere futuro.
